El coronel y el juez
Alberto Barrera
El oficial, en uniforme de fatiga y protegido con mascarilla, se acercó y colocó detrás de la pluma metálica, que junto a soldados armados, impedían el paso de vehículos y personas al cuartel del Estado Mayor del ejército. Cruzó sus brazos hacia atrás y miró fijamente al hombre de traje y mediana edad, también cubierto de su cara. Se plantó firme esperando explicación de la visita.
El civil de saco y corbata era el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán y dijo al coronel Carlos Vanegas, jefe jurídico del ministerio de Defensa: “venimos a una diligencia judicial” y agregó que era para “inspeccionar archivos militares” relacionados a la matanza de El Mozote, ocurrida hace casi 39 años en Morazán, al inicio del conflicto armado.
Aquellos días, del 10 al 13 de diciembre de 1981, al menos 1,000 civiles, la mitad niños, fueron asesinados en el caserío de El Mozote y lugares aledaños, al noreste del país, por tropas del batallón Atlacatl, una unidad especializada en contrainsurgencia por Estados Unidos y apoyados por la Fuerza Aérea. Por ese “crimen de lesa humanidad” se investiga al entonces ministro de Defensa, general Guillermo García y 15 exaltos jefes militares de la época, que se enfrentaban a la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El jefe de ése batallón era el teniente coronel Domingo Monterrosa y el principal responsable de la matanza, pero murió durante la explosión del helicóptero en que volaba sobre el departamento de Morazán en octubre de 1984 cuando supuestamente las tropas a su mando habían destruido la clandestina Radio Venceremos, voz de los rebelde y quienes se atribuyeron el atentado explosivo escondido en los equipos incautados.
El 24 de enero pasado el ex comandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña, general Juan Rafael Bustillo, para desligarse de las acusaciones de su participación en la matanza atribuyó en la sede del Tribunal de Instrucción, que preside Guzmán, que Monterrosa era el responsable. “Considero que fue un momento de una locura del coronel Monterrosa de haber cometido esa grosería, porque fue una grosería la que hizo”, dirá Bustillo durante su declaración ante el juez.
La mañana del lunes 21 de septiembre Guzmán agregó ante el coronel Vanegas que junto a él, su secretaria y dos colaboradores, llegarían otros especialistas vinculados a las diligencias, en el afán de “cumplir con un deber constitucional y legal”, después de que se les permitiera el acceso a los archivos militares que nunca han sido revisados para determinar cómo y porqué los sucesos sangrientos que marcaron la brutal guerra civil que en 12 años cobró más de 75,000 vidas, la mayoría civiles y en crueles sucesos que deben ser investigados.
Periodistas presentes en las afueras del complejo militar que alberga al ministerio de Defensa y al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, al surponiente de San Salvador, reportaron la cortante respuesta del coronel Vanegas:
“Me permito hacer de su conocimiento que en la Constitución de la República, artículo 168 numeral séptimo, hay una prohibición expresa de la revelación de planes militares secretos”.
Guzmán fue enfático al explicarle a Vanegas que no existe ley que le permita a un militar interpretar la Constitución.
“Ese punto ya no está en discusión porque lo que se viene hoy es solamente a cumplir con una orden judicial”, significa que “es una decisión firme y de obligatorio cumplimiento para cualquier funcionario público”, sostuvo el juez.
El diálogo afuera del complejo militar esa mañana de lunes y cuando el sol ya calentaba, simboliza parte de la historia de este país que hace más de 28 años puso fin al cruento conflicto armado y cuyos acuerdos establecieron bases para construir un país diferente, entre lo establecido por el ejército y la exguerrilla estaba el papel de la Fuerza Armada de someterse al poder civil, hasta discutieron y reformaron la institución, al menos en los papeles.
Pero ese día no hubo forma. El militar se mantuvo firme en su decisión, pese a las dilatadas explicaciones de Guzmán sobre el proceso contra los oficiales que encabezaban al Ejército cuando fue cometida la peor matanza de civiles en El Salvador.
Y no le fue posible al juez cumplir la misión judicial, la misma que en el país impide aplicar justicia por los abusos sangrientos cometidos en la guerra civil de 1980 a 1992. Vanegas tampoco quiso decirle a Guzmán quién le había dado las instrucciones para oponerse a la visita y revisar los registros de aquella época. Pero la línea de mando lleva hasta el presidente Nayib Bukele, como Comandante General de la Fuerza Armada.
El juez, colaboradores y otros que llegaron con la misión de hurgar en los archivos militares como los acusadores particulares de las víctimas, se retiraron. Antes el exprocurador de los Derechos Humanos y hoy de la Ong Cristosal, David Morales y el abogado Wilfredo Medrano representante de las víctimas por Tutela Legal María Julia Hernández, fueron agredidos por un grupo de hombres que dijeron ser “veteranos de guerra”, quienes les reclamaron supuestamente por atentar contra la honorabilidad de los exjefes del Ejército.
Tres días después, Bukele dijo en una rueda de prensa, trasmitida en una larga cadena de radio y televisión, que los archivos militares que aportarían pruebas por la masacre fueron destruidos, pero prometió hacer públicos los documentos que sobrevivieron para dar con los responsables.
“La mayoría de archivos, como todo ustedes esperarán, y como cualquier salvadoreño se imaginará, fueron destruidos en estos 40 años. ¿Cuándo? No lo sabemos, puede ser que fueron destruidos inmediatamente después de la masacre”, dijo.
El mandatario agregó que “desclasificó” los pocos expedientes existentes sobre la masacre y que serían entregados a un juez y a la fiscalía.
Antes el desacato de la Fuerza Armada, diversas organizaciones nacionales, internacionales e influyentes congresistas estadounidenses cuestionaron a Bukele, pero éste desestimó todas las críticas y atacó medios periodísticos que investigan los hechos. En la cadena hubo presencia de algunos medios cuyas preguntas no incomodaron al mandatario a los que desautorizó.
El analista, investigador y profesor universitario, Oscar Picardo Joao, criticó en las redes sociales la actitud de los representantes de noticieros de televisión. “Lo más vergonzoso fue el final: tres periodistas de canales 12, 21 y TCS con preguntas arregladas para la estocada final; para cada pregunta había videos y documentos preparados, ¿nos ven la cara?”, escribió.
El congresista demócrata Jim McGovern aludió en Twitter la masacre y resaltó que se realizaría una inspección de los archivos, pero que el juez y otros inspectores no pudieron entrar y le preguntó al presidente Bukele: “¿protegerá a los militares de una investigación criminal? ¿O les ordenará cumplir con la orden de un juez y abrir los archivos para investigar la masacre de El Mozote? La elección es suya. Las familias de las víctimas merecen verdad y justicia.”
Los miembros del Batallón Atlacatl, entrenado por Estados Unidos en técnicas contrainsurgentes, buscaban campos de entrenamientos rebeldes al inicio de la guerra civil. “Los soldados ingresaron en las aldeas, quemaron casas y animales, separaron a las mujeres y a los niños de los hombres y los ejecutaron”, dice un reporte del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Bukele olvidó que en noviembre del año pasado prometió abrir los archivos. “Si el juez nos pide abrir (los archivos) de la A a la F, nosotros vamos a la Z sin necesidad de orden judicial. Nosotros hemos estado por reivindicar los derechos de las víctimas”, dijo el día que se reunió con familiares de las víctimas en Casa Presidencial.
La foto del recio militar negando el acceso a los archivos, pero ante un juez bien parado, es el reflejo de un país que se niega a olvidar su pasado, aunque falta aplicar justicia por los horrores que se cometieron en el largo y sangriento conflicto, en los estertores del fin al enfrentamiento entre el Este y el Oeste, conocido como “Guerra Fría”.
Alberto Barrera, periodista. Gracias al colega Nelson Rentería por sus aportes y opinión de la nota.
